25/06/2016

Artículo de: Alfonso Soler

La Gestapillo y el contraespionaje

La filtración de una conversación privada entre el ministerio del Interior, Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude catalana conspirando contra los partidos independentistas demuestra varias cosas y deja una conclusión:

  1. Que los gobiernos usan herramientas de dudosa procedencia para fines políticos es algo tan viejo como la propia política. Por algo parecido, a Nixon el Watergate le mandó a la lona antes de tiempo. Aquí en España sólo José Manuel Soria recientemente dimitió tras hacerse pública su relación con cuentas en Panamá y se necesitaron varios días y varias implicaciones para forzar su marcha. No es una costumbre nacional dejar el cargo, sea cual sea, por una conducta poco ejemplar aunque ésta sea legal. A falta de pocos días para unas elecciones, una conversación de este tipo no parece suficiente para tumbar a un ministro.
  2. ¿Cómo se pudo espiar al máximo responsable político de la seguridad del Estado en su propio ministerio? En el despacho de Jorge Fernández Díaz no hay ningún jarrón y los controles son exhaustivos pero alguien tuvo que grabar su conversación con Daniel de Alfonso. Es curioso que mientras el ministro conspiraba, alguien lo hacía contra él.
  3. Que salga esta conversación en la última semana de campaña electoral no es casualidad, sin embargo, el impacto del caso en los resultados del próximo domingo parece mínima. Estamos tan acostumbrados a la corrupción que hemos aprendido a convivir con ella sin inmutarnos. Un caso tan sofisticado como es éste, que no tiene nada que ver con corruptelas, parece menor. En todo caso, el Partido Popular puede rentabilizar el episodio haciéndose la víctima, porque también lo es.
  4. La justicia, ¿qué opinan de todo esto? Si un ministro intuye algo ilegal de alguien, lo que debe hacer como cualquier ciudadano es acudir a un juzgado y usar la ley. No es el caso porque el fin último del ministro era puramente político.  
  5. Conclusión: Lo saludable en una democracia es que el político de turno rindiera cuentas por un hecho poco ejemplar como es éste. Fernández Díaz conspiraba contra un rival político y es motivo más que suficiente para exigir su dimisión o su cese. No es ilegal pero es irregular. Sin embargo a nadie le sorprende que no lo haga. Por otro lado, que espíen al ministro del Interior en su propio despacho y que se filtre una conversación privada sí que es ilegal. No sólo está fuera de la ley, es que da miedo pensar que al jefe de la mismísima policía y de las fuerzas de seguridad lo espíen en su propio despacho, ya sea con un micro o pinchando su teléfono.

La calidad democrática española ha quedado una vez más en entredicho, y su seguridad también. Sigo pensando que España es un gran país con una mierda de Estado.