15/07/2018

PENA MEDIÁTICA

Hoy en día tenemos la fortuna de ser expertos en todo, y saber prácticamente de cualquier tema, ya que, gracias a los programas de actualidad, a las redes sociales, y a tener acceso desde nuestro móvil a cualquier información, por muy técnica que sea, ello nos da confianza y la autoridad moral para opinar y juzgar cualquier cosa que suceda. Estamos ante una sociedad mediatizada, en la que el poder de la información, o en muchos casos desinformación, es el factor más influyente para guiar las opiniones de los ciudadanos. Hace unos años todos éramos entrenadores, opinábamos sobre las alineaciones de nuestros equipos o de sus sistemas de juego, pero hoy en día, además, sabemos de fórmula uno, de nutrición, de medicina, de economía, de todo lo que sea actualidad en los medios, Facebook o Twitter, pero sobre todo, y lo que nos encanta, es ser expertos en crímenes, en juzgar a los implicados, y en muchas ocasiones en condenarlos de por vida.

Cualquier persona que se vea envuelta en un caso mediático debe saber que su vida, su privacidad y su presunción de inocencia ante la sociedad se ha acabado. Esa persona, con independencia de que no sea condenada posteriormente, ya tiene su pena correspondiente, su pena mediática, que se convertirá en su vía crucis de por vida. Reconozco que también me encanta ver los programas en los que se tratan delitos y crímenes de actualidad, en los que criminólogos, psiquiatras forenses, o simplemente periodistas, dan opiniones, datos y filtraciones del sumario, pero intento tener siempre la prudencia, perspectiva y equidistancia suficiente para no prejuzgar a una persona de forma pública. Tendré mi opinión, como todo el mundo, pero la experiencia personal me ha enseñado a ser prudente y no creer todo lo que los medios cuentan, y menos aún lapidar en mis redes sociales a una persona sin tener más datos que lo que cuenta un periodista, quienes en ocasiones no tienen la objetividad como premisa necesaria para su oficio.

Últimamente las sentencias judiciales también han pasado a estar en el centro de la diana mediática, distando en muchas ocasiones de las sentencias públicas de las redes sociales. Un juez trabaja con pruebas, manifestaciones, testigos, peritos, y en base a todo ello, debe de emitir una sentencia fundamentada en la legislación penal, en la que se establece si el delito por el cual se haya juzgada una persona ha conseguido ser probado en la celebración del juicio oral, que es donde verdaderamente deben de corroborarse y certificar todos los hechos. Sin embargo, los medios de comunicación no necesitan nada más que información, más o menos veraz, más o menos contrastada, realzar la parte del acusado donde se basan los motivos de su imputación, obviar la parte donde se asienta su defensa, y ya tenemos lo necesario para crucificar a una persona. Porque lo que llega al ciudadano y a las redes sociales es lo que publican esos medios, y no los datos objetivos y  subjetivos que manejan los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni conocen lo que ha sucedido en el interior de la sala judicial, las pruebas condenatorias o eximentes con que cuenta cada una de las partes. Por lo tanto, únicamente necesitan tener una opinión basada en lo puesto por uno u otro medio de comunicación, y cuyas versiones para nada tienen una base legal, y si muchas veces moral, para condenar a una persona.

Desde que existe la televisión se ha producido una exposición pública de los encausados, y se producía la llamada “pena de telediario”, donde se condenaba socialmente a los acusados al verlos detenidos y esposados en los informativos de las correspondientes cadenas. Pero actualmente, con las redes sociales, esa exposición se multiplicado por diez, y por tanto el perjuicio que se puede ocasionar a una persona aumenta proporcionalmente. Somos devoradores de información, de todo tipo, y creemos antes lo que nos dice cualquier perfil de Twitter que lo establecido por diferentes juezas y jueces en los fundamentos jurídicos de una sentencia. No necesitamos pruebas ni base legal alguna para realizar una condena y publicarla en nuestro perfil antes de que sea juzgada la persona, y si después queda absuelto el acusado, o se demuestra que no ha tenido nada que ver el investigado, que previamente ha salido en todos los medios de comunicación pues…no pasa nada, es información. Eso sí, esa persona quedará marcada de por vida y señalada en su entorno, ante sus vecinos, amigos o familiares.   

Cuando una persona se ve envuelta en un caso mediático hipoteca parte de su futuro. Un claro ejemplo se dio en el caso del pequeño Gabriel. Diego, vecino del cercano pueblo de Antas, y que había sido anteriormente condenado por acoso a la madre del pequeño, fue investigado por los agentes encargados, cosa normal por lo antecedentes que tenía y las circunstancias que acompañaron a la desaparición. Los medios de comunicación, aun después de haber salido hasta el propio Ministro del Interior a descartar completamente la participación de este en los hechos, ponían sus imágenes, analizaron su pasado, historial médico, y expusieron públicamente toda su vida, viendo sus ancianos padres cómo se hacía un juicio mediático sobre su hijo, quien tiene diagnosticada una enfermedad mental, y sufrieron los sinsabores del acoso periodístico. Cuando se detuvo a la madrastra del niño directamente se olvidó el tema de este vecino, sin una disculpa por parte de los programas que hasta hace dos días seguían hablando de su no descartable participación en la desaparición, pero él y su familia quedarán marcados de por vida.

Deberíamos aprender de casos como este, sin embargo, esta sociedad va encaminada a agravar hechos similares, no a minimizarlos. Nos gusta cuestionarlo todo, sentirnos importantes en nuestro perfil, con derecho a juzgar y condenar todo, pero sin tener elementos de juicio fundamentados, simplemente con lo que escuchamos o leemos. Los años de estudio de un juez, los conocimientos y años de experiencia de los funcionarios policiales, las pruebas, los testigos, todo ello nos lo pasamos por el forro, y directamente nos sentimos con la autoridad moral de exigir ejecuciones sociales a otras personas. Deberíamos pensar que un amigo, familiar, o incluso uno mismo, puede ser objeto de linchamientos en las redes sociales, y sufrir la mala experiencia de ser juzgado sin posibilidad de defensa.